Tras la acusación de la candidata morenista Claudia Sheinbaum durante el debate presidencial, quien señaló que Gálvez se había beneficiado de contratos con la institución. En respuesta, el INAI dio a conocer que los contratos con OMEI se remontan a años anteriores, detallando que el último de ellos fue en 2019 bajo un procedimiento de Licitación Pública Nacional, abarcando servicios integrales de mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo a las instalaciones del Instituto.
La candidata Xóchitl Gálvez ha respondido a estas revelaciones, argumentando que su empresa, OMEI, ha prestado servicios al gobierno durante años, incluido el actual gobierno en instituciones como Banobras y el aeropuerto. Gálvez hizo hincapié en que ella no era funcionaria pública cuando se obtuvieron estos contratos y que su empresa continuó brindando servicios al INAI incluso después de su retiro del Senado en 2018.
Además, destacó que la empresa en cuestión pertenece a su esposo, desvinculándose de las decisiones empresariales relacionadas con el suministro de servicios al INAI. Según Gálvez, su participación empresarial no constituye un delito y enfatizó que, desde su retiro del Senado, no se han firmado nuevos contratos con el INAI.
Estas declaraciones de Gálvez plantean una serie de cuestionamientos sobre la relación entre los negocios personales de los políticos y su papel en la administración pública, así como sobre la ética y la transparencia en la gestión de contratos gubernamentales.
En medio de esta controversia, la ciudadanía espera una mayor claridad sobre los vínculos entre Xóchitl Gálvez, su empresa y el INAI, así como una evaluación objetiva sobre la legalidad y la integridad de estas relaciones comerciales.
El desenlace de este caso podría tener implicaciones significativas en la percepción pública de la candidata y su coalición, así como en la confianza de los ciudadanos en la integridad del proceso electoral y en la capacidad de los candidatos para ejercer un liderazgo ético y transparente en la arena política.